Constitucion brasileña en el centro del debate del juicio contra Lula

En 2016, el STF decidió por 6 votos a 5 que el cumplimiento de una sentencia podía empezar a ejecutarse desde la condena en firme en segunda instancia. Y eso es lo que la defensa de Lula cuestiona en el juicio de este miércoles

Río de Janeiro, Brasil. - Presunción de inocencia versus impunidad: esa es la disyuntiva entre quienes se manifiestan a favor o en contra de que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil otorgue o rechace un recurso que permita al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva apelar en libertad una condena a más de 12 años de cárcel.

Ambas partes invocan principios constitucionales, indica AFP.

Los que se oponen a la concesión del habeas corpus invocan el párrafo 57 del articulo 5 de la Constitución de 1988, aprobada apenas tres años después del fin de la dictadura militar (1964-1985).

Ese artículo dice: "Nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de la sentencia penal condenatoria".

"Tránsito en juzgado" significa que todas las instancias judiciales confirmaron la sentencia. Y Lula fue condenado hasta ahora en las dos primeras instancias, con posibilidades de recursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).

Según afirmó uno de los abogados del expresidente, José Roberto Batochio, en su alegato ante el STF del 22 de marzo, ese artículo, así como otros del código penal, "están bajo amenaza (...) de extinción" debido a la imposición de las ejecuciones de penas anticipadas.

En 2016, el STF decidió por 6 votos a 5 que el cumplimiento de una sentencia podía empezar a ejecutarse desde la condena en firme en segunda instancia. Y eso es lo que la defensa de Lula cuestiona en el juicio de este miércoles.

Los partidarios de mantener el entendimiento actual afirman que la Constitución "nada dice de la ejecución provisoria de penas" y que en otros párrafos menciona la necesidad de "una duración razonable de los procesos", explicó la fiscal Silvana Batini, profesora de derecho en la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Río de Janeiro.

El párrafo 78 del mismo artículo 5 afirma: "A todos, en el ámbito judicial y administrativo, se asegura una duración razonable de los procesos y los medios que garanticen la celeridad de su tramitación".

Según Batini, la posibilidad de recurrir a cuatro instancias antes de dar cumplimiento de una pena conduce en muchas ocasiones a la prescripción de la causa.

Y pueden beneficiarse de ella sobre todo "quien tiene recursos financieros" para pagar abogados.

Sin contar con que el STJ y el STF "no analizan el mérito" de una causa, sino "cuestiones constitucionales y de derechos" del acusado.

Manifestantes exigen que Lula entre a la cárcel (Efe)

Presiones al Supremo Tribunal

En un inusitado mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes "compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia".

El mensaje recibió un entusiasta apoyo del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar, segundo en las encuestas electorales (aunque con la mitad de intenciones de voto de Lula).

El ministro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna, trató de restar importancia a la declaración de Vilas Boas. El jefe del Ejército "está preocupado por los preceptos constitucionales (...) El mensaje es que la población puede estar tranquila, pues las instituciones aquí están. No es un mensaje de uso de la fuerza. Es lo contrario", aseguró el ministro, en respuesta a una pregunta del diario O Globo.

La fiscal general de la República, Raquel Dodge, se pronunció explícitamente por el respeto de la norma que puede llevar a Lula a la cárcel. La existencia de cuatro instancias de apelaciones es "una exageración que aniquila al sistema de la Justicia, porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla", declaró.

La última discusión sobre el cumplimiento de la pena desde la condena en segunda instancia terminó con un ajustado 6 a 5 a favor de la jurisprudencia vigente.

Sus partidarios invocan el riesgo de que un cambio de jurisprudencia aseste un golpe a la investigación Lava Jato y saque de la cárcel a detenidos por crímenes comunes, algo que es rechazado por la defensa de Lula.

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